Pero el gobierno sectario de Paris, que consideraba la separación de la Iglesia y el Estado como el “termino natural y lógico del progreso hacia una sociedad laica desligada de todo vinculo clerical” intentaba llevar hasta el final su plan preestablecido y estaba alerta buscando un pretexto, aunque fuera el mas fútil, el más ilegal y el más absurdo.
Pronto hallaron el pretexto deseado en el asunto de los dos obispos: el de Dijon y el de Laval.
Pío X, había invitado a estos dos obispos a ir a Roma para responder de algunas graves y notorias acusaciones que contra ellos se habían elevado.
Tratándose de una cuestión estrictamente disciplinaria, podía hacerlo: es más, estaba en su pleno derecho y en su deber; porque si bien el artículo 5° del Concordato pedía la intervención del estado en el nombramiento de los obispos, no había ningún artículo que dejase en libertad al Estado para inmiscuirse en las cuestiones que atañeran a la disciplina de la Iglesia. Pero los dos obispos, en vez de obedecer al Papa, recurrieron al Gobierno, el cual, con la aspereza del que manda y no escucha razones, pretendió el retiro de las cartas papales que invitaban a ir a Roma a los dos obispos, sosteniendo con asombrosa audacia que la Santa Sede no tenía derecho a dar órdenes directas a los obispos franceses y mucho menos a tomar medidas respecto a ellos, como si el Concordato hubiera colocado a los obispos franceses fuera de la Iglesia.
Si el Gobierno hubiera tenido sentimientos de conciliación y un mínimo de lealtad y honestidad diplomática, aunque solo fuera por el honor nacional, hubiera tenido que aconsejar el mismo a los dos obispos que fueran a Roma para dar explicaciones de las públicas acusaciones que contra ellos se alzaban y, sobre todo, hubiera debido reflexionar que pretender el retiro de las cartas apostólicas dirigidas a los dos obispos, era como pretender que el Papa abdicase de su suprema autoridad sobre la Iglesia universal, autoridad que no le había sido otorgada por los hombres, sino que dimanaba directamente de Dios.
Esto era claro y evidente. Pero la Tercera República, bajo la presión de las fuerzas anticlericales, tenía prisa por llegar cuanto antes a la ruptura de las relaciones diplomáticas para proceder después, de un modo más expedito, a la separación de la Iglesia y el Estado, haciendo escarnio de la libertad.
El 30 de julio de 1904 señalaba el fin de las relaciones diplomáticas entre Francia y la Santa Sede.
¿De quién era la culpa y la responsabilidad?
“De la Santa Sede” se ha dicho, mintiendo abiertamente. Pero la historia ha pronunciado ya su sentencia:
“El gobierno francés ha roto sus seculares relaciones diplomáticas, porque la Santa Sede, después de haber informado al mismo Gobierno, había llamado a Roma a dos obispos para que se justificaran de los graves cargos de orden puramente eclesiástico y publico que sobre ellos pesaban.”
Esta es la verdad que no puede ser desmentida.
Inmediatamente el cardenal secretario de Estado llegaba ante el Papa para anunciarle la ruptura de las relaciones diplomáticas.
Pío X, acogió la noticia con toda calma, exclamando:
“Eminencia, miremos al Crucifijo y continuemos adelante, porque nosotros estamos en el buen camino.”
