Factores en la vida política que contribuyen a la inseguridad y a la violencia
Ya se han mencionado algunos en la edición del 8 de agosto, otros factores son: La inseguridad ciudadana “es puerta de entrada al ejercicio intimidatorio de la autoridad siguiendo el principio de que es más fácil gobernar a una sociedad con miedo”. Las prácticas despóticas y autoritarias para combatir el crimen no se justifican en un estado democrático, provocan miedo y desconfianza y con ello debilitan el tejido social, cerrando así el círculo vicioso de la inseguridad. “Es necesario revisar el sistema de denuncia anónima para que no sea la base de un sistema de justicia en el que fácilmente se pueden violar los derechos humanos y que puede ser usado para venganzas y motivo de arbitrariedades; deben evitarse abusos y ultrajes a personas inocentes”.
“La seguridad no se relaciona directa y principalmente con la capacidad bélica, con la cantidad de policías, con la militarización o con la compra de armas, ni con medidas represivas. En cambio, si tiente relación con la inversión que se hace en políticas de acceso a la educación y al trabajo. Para muchos jóvenes es más fácil conseguir un arma que una beca educativa. La inseguridad se relaciona con la carencia de espacios públicos para la convivencia que sean saludables, sanos, seguros, plurales e incluyentes”.
Otro factor es la Procuración de justicia: “Es necesario que los funcionarios del sistema de Procuración de Justicia sean personas que no tengan trayectoria de impunidad. Hay quienes proponen como salida a la situación de violencia llegar a acuerdos y negociaciones con el crimen organizado. El gobierno no tiene derecho de ceder porciones del territorio nacional a grupos criminales que terminan sometiendo a la población y a las mismas autoridades. En el pasado se dieron acuerdos que permitieron actuar impunemente a quienes se dedicaban a negocios ilícitos con la complicidad de actores políticos y de autoridades. Hoy es inadmisible. Los costos en el mediano y largo plazo de una solución que lleve a cierta estabilidad inmediata, no la justifican”. Esto llevaría a un sistema ilegal de gobiernos que contaminarían a la sociedad desde el punto de vista social, económico y político y la vida comunitaria en general.
Otro factor es el Sistema penitenciario: “La delincuencia no sólo se enfrenta con medidas de fuerza y con endurecimiento de penas. Son problemas mucho más complejos que deben de atacarse por distintos frentes y con soluciones integrales, dando prioridad a la prevención con medidas sociales. Enfrentamos la crisis del sistema penitenciario que no re-socializa ni readapta a los internos y en muchos casos promueve la organización criminal. La sobrepoblación y la corrupción carcelaria han originado que los reclusorios sean cotos de poder del crimen organizado, desde los cuales se planean y dirigen acciones delictivas”. Estos lugares no sirven a la readaptación social y mas bien, son verdaderas universidades del crimen dada la indiscriminada convivencia de los reos de alta peligrosidad con la multitud de detenidos por delitos famélicos. La crisis del sistema penitenciario se ha constatado en los centros que existen en el Estado de Durango.
Violencia institucionalizada: “En un Estado democrático y de derecho, las demandas sociales y civiles deben ser atendidas y respondidas. Cuando este derecho de los ciudadanos no encuentra cauces adecuados se originan distintas formas de protesta social por parte de grupos y de personas, que dejan de ser legítimas cuando recurren a la violencia y amenazan la paz pública. El gobierno, que actúa en nombre del Estado, tiene la delicada tarea de distinguir entre las formas legítimas de protesta social y las acciones delictivas con las que ésta puede confundirse”.
No se debe criminalizar la protesta social y quienes recurren a ella para expresar legítimamente sus inconformidades, aunque tienen la responsabilidad de respetar a terceros. La superación pacífica de los conflictos sociales requiere de quienes actúan en nombre del Estado, la pericia del diálogo y de la mediación política antes que el recurso a la represión o la judicialización de los conflictos. De los líderes sociales requiere un claro sentido del bien común, del respeto al derecho ajeno y de capacidad de diálogo y concertación.
Las fuerzas de seguridad: “Las Fuerzas Armadas de México han sido instituidas para defender la soberanía, independencia e integridad territorial de la Nación. Tienen el reconocimiento y aprecio de la ciudadanía que reconoce su labor, particularmente, en las situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales. En la estrategia oficial de lucha contra la delincuencia organizada se les han confiado tareas, contando con el beneplácito ciudadano en el primer momento de la emergencia provocada por la escalada de violencia de los grupos criminales”.
Sin embargo, “con el paso del tiempo la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado ha provocado incertidumbre en la población, ya que se prolonga una estrategia que por su carácter de emergente no tendría porque prolongarse. La formación y capacitación que reciben los miembros de las Fuerzas Armadas no es para ejercer funciones policiacas entre los ciudadanos de la nación, sino para cumplir su misión, en los lugares y con los objetivos precisos que la ley les indica. Como todas las instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas tienen la obligación de respetar los derechos humanos y las garantías constitucionales de los mexicanos”.
Una emergencia no debe ser permanente. Es conveniente ampliar la estrategia para superar los desafíos que las actividades del crimen organizado presentan a la estabilidad de la nación, de manera que pronto las tareas propias de la seguridad pública sean ejercidas por policías civiles capacitados, adecuadamente remunerados y bien coordinados a nivel federal, estatal y municipal. El perfil de los miembros de los cuerpos policíacos no se puede improvisar, lo mismo que la formación para las tareas que se les encomiendan; en ella no debe faltar un alto sentido de respeto a la ciudadanía y el conocimiento práctico de los derechos de todos.
Durango, Dgo., 22 de Agosto del 2010.
+ Enrique Sánchez Martínez
Obispo Auxiliar de Durango
